La Fiscalía Anticorrupción ha detectado irregularidades en el cálculo de la pensión vitalicia concedida a la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, dotada con 369.497 euros anuales.

Según fuentes jurídicas, Anticorrupción trabaja ahora para aclarar si se trata de irregularidades administrativas o de delitos penales, es decir, si Amorós buscó el beneficio propio al determinar y calcular su pensión, la denominada previsión social complementaria.

Las irregularidades se han detectado durante el análisis de los primeros documentos recibidos por la Fiscalía, procedentes del Banco de España y de los nuevos administradores de la CAM, que se hicieron cargo de la gestión de la caja tras su intervención en julio de 2011.

Tres semanas después de la intervención, los administradores elegidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionar la entidad destituyeron a Amorós al considerar que mientras estuvo al frente de la caja 'buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente'.

Además, le acusaron de pactar con el expresidente de la CAM Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación. Precisamente esta acusación es la que investiga ahora la Fiscalía Anticorrupción.

Según el FROB  'buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente'

Sin embargo, la exdirectora ha defendido en todo momento su inocencia e incluso ha acudido a los tribunales para pedir que su despido sea declarado improcedente. El juicio sobre su despido se celebrará el 24 de febrero en Alicante y su resultado será 'un elemento más a valorar' por Anticorrupción, según las fuentes consultadas.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, iniciada en el mes de noviembre, se unirá probablemente a la causa más amplia abierta por la Audiencia Nacional contra Amorós y otros directivos de la caja acusados de delito societario, estafa y falsedad documental.

Desde la intervención de la CAM en julio de 2011 se han multiplicado los procesos judiciales y administrativos contra sus antiguos directivos, a los que se acusa de falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente.