El fiscal Pedro Horrach acusa a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres de urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma 'directa e inmediata' a los fondos manejados por las Administraciones Públicas, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

En total, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, pide para 14 acusados 103 años de prisión, cuyo papel en la trama relata de forma pormenorizada a lo largo de 673 páginas.

Las acusaciones tienen de plazo hasta el día de hoy para entregar sus escritos del caso Nóos, con el fin de que el juez de instrucción 3 de Palma, José Castro, dicte su auto de apertura de juicio oral.

El fiscal solicita desimputar a la infanta y que Castro aplique la 'doctrina Botín' en su favor, de tal manera que no se sentaría en el banquillo al estar sólo acusada por la acusación popular, que lidera Manos Limpias.

Horrach desgrana en su escrito los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura 'hueca de contenido real' y urdieron 'una maraña de facturación ficticia' para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron 'a su antojo' junto a otras mercantiles de su propiedad para que 'operasen al servicio de sus intereses comerciales'.

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

La Fiscalía señala que la sociedad Aizoon, propiedad al 50% del matrimonio Urdangarín-Borbón, se nutrió de más de un millón de euros de la trama. El delito fiscal de Urdangarin se cifra en una defraudación de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que 'el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación', aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

El fiscal solicita que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas las esposas de los líderes de la trama- hagan frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles.

También reclama multas para todos los acusados por valor total de 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden a Urdangarín.

En concreto, Horrach atribuye a Urdangarin un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales; otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 2016 Mercedes Coghen, por permitir la transferencia de 114.000 euros en forma de donaciones simuladas a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que presidía Iñaki Urdangarin. Acusa a Coghen, pero excluye de responsabilidad al ex director general de la entidad Miguel Ángel de la Villa y al ex director financiero Gerardo Corral. 

El escrito fiscal detalla de forma cómo las sociedades de Urdangarín se hicieron con 6,2 millones de euros de dinero público.

En concreto, obtuvieron de Baleares 2,6 millones de euros; de la Comunidad Valenciana otros 3,5 millones y de Madrid 114.000 euros.

Los contratos fueron de 1,2 millones de euros para el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones del segundo (2006); 54.520 euros pagados por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; otros 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, el fiscal despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

Para defraudar a las instituciones públicas, tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.