La postura es rotunda, aunque no se haya formalizado en el Consejo Territorial de Dependencia. Andalucía y Catalunya se niegan en rotundo a que las personas con un piso tengan que pagar más por la plaza que ocupen en una residencia, como beneficiarios de la ley de dependencia.

Es una de las posibilidades que se incluye en uno de los borradores del decreto de copago que comunidades y Gobierno central aún no sido capaces de consensuar. La discusión es tal –se trata de establecer en qué medida contribuirán a financiar la ley sus beneficiarios– que los sindicatos insisten en que los textos que se debaten van variando reunión tras reunión, “no hay un texto único”, recalcan UGT, CCOO y el Ministerio.

Las negativas de Andalucía y Catalunya tienen matices. La primera se opone a la posibilidad de que los ancianos propietarios de una única vivienda paguen más por la plaza de residencia.

“Puedo garantizar que a ninguna persona en Andalucía se le va a tener en cuenta su domicilio habitual, sino que, en todo caso y como marca la ley, se hará cuando su patrimonio supere el mínimo que dice la ley, al que el 99,9% de la población andaluza no llega”, explicó la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro.

La ley de servicios sociales que el Parlament de Catalunya aprobó hace un año establece que la vivienda no se tenga en cuenta a la hora de establecer el copago de servicios. Si la ley de dependencia dijera lo contrario, ambas normas entrarían en conflicto. La consellera, Carme Capdevila, ha insistido en que no aceptarán “nunca una norma que perjudique a los usuarios y si eso se aprobara, no modificarán la ley de Servicios Sociales”.

La realidad madrileña es similar a la catalana. Según dicen en la Consejería de Asuntos Sociales, sus estatutos no contemplan que las personas mayores con vivienda tengan que pagar más que el resto.

El Ministerio pretende arrancar “el máximo acuerdo posible” de las autonomías, que son quienes deben aplicar la ley. Es de suponer, por tanto, que el tener vivienda no supondrá pagar más por una plaza de residencia. Hasta que Ministerio, comunidades y sindicatos no lleguen a un consenso en las reuniones técnicas que mantienen estos días, no se convocará a los consejeros al Consejo Territorial, donde se votará formalmente.