“Si ustedes fueran cirujanos, ¿aceptarían un acuerdo bonificado si tuvieran a partir de ahora menos muertos en operaciones de quirófano?”. La pregunta –la primera de esta historia– se la hace un profesor de un instituto sevillano, que considera una ofensa recibir una recompensa económica para acabar con el fracaso escolar. Andalucía, la comunidad con el peor resultado en el último informe PISA, incentivará con hasta 7.000 euros a los profesores para mejorar la calidad de la enseñanza.

El dinero se repartirá en cuatro pagas anuales. El primer año, sólo por participar, cada profesor recibirá 600 euros. El segundo y el tercero, tras un informe favorable del director, 1.200 y 1.800, respectivamente. Y el cuarto año, si la recién creada Agencia de Evaluación Educativa Andaluza verifica que se han cumplido el 100% de los objetivos marcados por cada centro, el montante asciende a los 3.400 euros. Aparte de la mejora de rendimiento del alumno, el programa –al que se puede adherir de forma voluntaria cada centro– incluye objetivos como el aumento del grado de convivencia y la implicación de las familias.

Aprobados “por un tubo”
Llega la segunda pregunta: ¿Reducirán el fracaso escolar estos incentivos? “Lo que conseguirán es que se den aprobados por un tubo para maquillar las cifras de fracaso escolar, nada más, cada niño es un caso, no son números”, responde una profesora de la provincia de Córdoba que prefiere no dar su nombre.

Comisiones Obreras rebate esta afirmación con las pruebas de diagnóstico de la Junta de Andalucía a las que se someten los alumnos. “Si se dieran aprobados sin más, éstas pruebas demostrarían lo contrario, y no tendría sentido; además, el programa evalúa muchos más aspectos que la simple promoción de alumnos y cada centro elige a qué objetivo le tiene que dar más importancia”, afirma Diego Molina, responsable de profesorado no universitario del sector público de CCOO en Granada. “Es una reivindicación sindical y del profesorado, optativo y no se trata de un acuerdo retributivo”, añade. Según un primer sondeo del sindicato, el 50% de los centros que ya ha sometido a votación la adhesión al plan, ha decidido participar y la otra mitad lo ha rechazado. Para llevar adelante el programa es necesario el apoyo de las dos terceras partes del claustro. El número de profesores partidarios, sin embargo, es mayor que el de objetores.

Programa optativo
Y la tercera pregunta: ¿Si es un plan para mejorar la calidad de la enseñanza, por qué no es obligatorio en todos los centros públicos? “Es una medida más, dentro de un programa de calidad que recoge la Ley de Educación Andaluza, como el aumento de profesores o el compromiso de reducir el número de alumnos por profesor; también los programas de bilingüismo son optativos”, explica José Antonio Mesa, responsable de comunicación de CCOO de Granada.

La Consejería andaluza de Educación defiende también el programa remitiéndose a la ley y al apoyo de los sindicatos mayoritarios. “Es una apuesta estratégica y la finalidad es reducir el abandono escolar con la contribución del profesorado, que tiene que ver reconocido su esfuerzo”, asegura un portavoz de la consejería. Los profesores que se manifiestan en contra replican al Gobierno andaluz con una subida de sueldo. “Si nos quieren recompensar, que nos aumenten el salario base”, piden.Otros consideran que estos incentivos son una recompensa a algo que ya vienen haciendo: “Tenemos muchos programas en funcionamiento y trabajamos muchas horas extras, no nos viene mal el dinero”, asegura una maestra de la provincia de Cádiz.