Al menos trece personas, siete de ellas policías, han muerto y cerca de cien resultaron heridas cuando agentes desalojaron hoy por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera de la Amazonía peruana en protesta por una serie de decretos legislativos.

Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de unas protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.

Por otro lado, la policía acusa a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la Policía, José Sánchez Farfán, ya hay siete policías muertos y uno desaparecido.

El general Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaran el cerro que domina la "curva del Diablo", y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego.

Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguró que los policías fallecieron por fuego cruzado entre los mismos agentes que los acorralaron.

Fuentes del Hospital público de Bagua Chica confirmaron que han registrado al menos siete personas muertas (un policía, un indígena y cinco civiles, uno de ellos de 15 años), que podrían aumentar porque "se desangran sin poder atenderlos".

La obstetra Jacqueline Benito explicó que tienen, además, 45 heridos, tres de ellos graves. "No tenemos sangre ni medicamentos, la farmacia está llena de gases lacrimógenos (...) Por favor, declaren un alto el fuego, la turba va a perder el control", dijo a Efe entre sollozos.

En el aledaño Hospital de Jaén ingresaron dos policías muertos y un indígena herido de bala, mientras que en el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, situado a 40 minutos de la zona de los disturbios, tienen a unos 80 heridos, la mayoría indígenas, tres de ellos de gravedad por heridas de bala.

Cinco dirigentes de la Aidesep, encabezados por su presidente Alberto Pizango, ofrecieron esta mañana en Lima una rueda de prensa para explicar su postura, mientras iban recibiendo comunicaciones desde el lugar del conflicto, donde les aseguraron que había no menos de quince indígenas muertos.

En la mitad de la rueda de prensa, la dirigente Nélida Calvo Nantip, indígena wapisa, recibió una llamada en la que le comunicaron que su propio hermano Euclides, estudiante universitario, estaba entre los muertos, y estalló en llanto.

"No somos animales, hasta los insectos tienen más derechos que nosotros. Nunca antes hubo un Gobierno tan abusivo (...) No vamos a dejar pasar a las compañías petroleras y mineras, que entren ahora, ahí les vamos a esperar", amenazó.

Precisamente, las protestas de los nativos amazónicos, que pronto cumplirán dos meses, tienen como fin pedir la derogatoria de una serie de decretos legislativos para facilitar las actividades extractivas en la zona y que los indígenas consideran se han promulgado sin contar con sus derechos sobre sus tierras.

Los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.

Los polémicos decretos, denunciados por algunos grupos políticos y hasta por la Defensoría del Pueblo, llevan ya varias semanas en una suerte de baile legal entre el Congreso y el Consejo de Ministros, y ayer jueves se produjo el tercer aplazamiento de su discusión, lo que ha exasperado a los nativos.

El presidente Alan García dijo que tras las protestas hay intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: "Eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas".

Y acusó al líder indígena Alberto Pizango de "haber caído en un nivel delicuencial".