Amnistía Internacional (AI) destacó hoy las denuncias "sobre uso excesivo de la fuerza" por parte de los policías en las manifestaciones de los "indignados" del Movimiento 15-M celebradas en toda España entre mayo y agosto de 2011 para reclamar un cambio político y social.

En su informe anual, con datos relativos a 2011, la organización pro derechos humanos también señala que "España siguió desoyendo" las peticiones para que ponga fin a la detención en régimen de incomunicación de los sospechosos de terrorismo y continuaron produciéndose "controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas".

AI destaca en la información general relativa al país el movimiento de los "indignados" que a partir del 15 de mayo de 2011 comenzó a organizar manifestaciones y acampadas de protesta en todo el país para exigir "cambios en el sistema político y económico y en las políticas sociales sobre empleo, educación y salud".

En cuanto a la actuación de las fuerzas del orden en esas protestas, AI se hace eco de que en Barcelona se recurrió a agentes antidisturbios de la policía regional catalana para dispersar a los manifestantes concentrados el 27 de mayo.

"Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos", señala.

También menciona el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido golpeadas por la Policía en Madrid cuando participaron en una manifestación en agoto pasado.

En el apartado de "tortura y otros malos tratos", AI también menciona que dos policías fueron condenados a 27 meses de prisión por la tortura de un estudiante de Trinidad y Tobago, mientras que a final de año otros dos acusados de la muerte de un nigeriano durante su expulsión de España no habían sido juzgados.

AI, por otra parte, pone de manifiesto que "España siguió desoyendo los llamamientos de los organismos internacionales de derechos humanos para que dejara de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delito de terrorismo".

"Las personas sometidas a este régimen podían permanecer recluidas hasta 13 días y en ese tiempo no tenían acceso a un abogado de su elección ni podían consultar con el de oficio de manera confidencial, tampoco tenían acceso a un médico de su elección y no podían comunicar su paradero a su familia", apunta.

AI sostiene que en 2011 "continuaban efectuándose controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas, y se emprendían acciones judiciales, acusándolos de obstruir el trabajo de la policía, contra activistas de la sociedad civil que mantenían bajo observación estos controles".

La organización destaca cómo pese a que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial "instó a España a poner fin a los controles de identidad basados en criterios étnicos o raciales", a final del año "las autoridades seguían negando tal práctica y no se habían tomado medidas para erradicarla".

También se hace eco de las normativas aprobadas en diferentes municipios para prohibir el uso del velo integral en espacios y edificios públicos.

En otros apartados, AI destaca que en 2011 murieron 60 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, aumentó el número de migrantes irregulares llegados por mar y seguían pendientes las investigaciones sobre 13 casos de presuntos delitos de derecho internacional cometidos fuera de España contra ciudadanos españoles, o basados en el principio de jurisdicción universal.