Amnistía Internacional (AI) denuncia que los agentes policiales denunciados por presuntas torturas a detenidos gozan de impunidad en España. En la presentación del informe España: sal en la herida en el que informa sobre la situación de 11 personas que denunciaron maltrato policial tras ser detenidos, el presidente de la ONG, Esteban Beltrán, acusó además al Gobierno de 'falta de voluntad política' y de 'no querer avanzar en la investigación de la tortura'.

Beltrán aseguró que 'la investigación y la sanción por malos tratos sigue siendo un agujero negro por el cual se cuela una impunidad casi absoluta'. En el informe, la organización mantiene que 'los casos de tortura en España no son incidentes aislados', por lo que exige una respuesta al Ministerio del Interior, que, según su versión, no se ha pronunciado aún. Pide también la creación de un comité independiente que pueda estudiar por iniciativa propia las denuncias y cuyos informes sean vinculantes.

'La investigación es un agujero negro por el que se cuela la impunidad'

Fuentes de Interior rehusaron ayer comentar el informe y se limitaron a subrayar que su contenido habla de 'investigaciones policiales, condenas y actuación policial', confirmando que en España se ejerce el Estado de derecho.

Entre las 'deficiencias estructurales' de las investigaciones, según AI, se encuentra que las pesquisas están a cargo de unidades internas de la policía o tribunales penales cuyo veredicto depende de los propios informes policiales.

La falta de colaboración entre la Policía y los juzgados para identificar a los responsables de las agresiones supone otro déficit. Beltrán puso un ejemplo: 'La Audiencia Provincial de Girona absolvió a 14 agentes imputados en 2004 porque no pudo determinar quiénes eran los responsables de la agresión'.

Los policías implicados presentan con frecuencia contradenuncias por agresión a los detenidos que son juzgadas por el mismo tribunal, lo que 'vulnera el derecho de los ciudadanos a ser juzgado por un tribunal imparcial', según AI.

'Tras pegarme una paliza, me dijeron: Pinochet debería haberos matado'

Respecto a los 11 casos particulares que se incluyen en el estudio, sólo dos han concluido con una declaración de culpabilidad para los agentes. Del resto, seis fueron sobreseídos sin que se celebrase el juicio y otros dos continúan aún investigándose (uno desde hace más de siete años).

Según datos de la Fiscalía recogidos por la organización, el 66% de los casos de presuntas torturas por parte de agentes de la ley investigados en 2007 fueron sobreseídos o cerrados por el fiscal o el juez sin llegar a juicio. De un total de 75, sólo cuatro concluyeron con una declaración de culpabilidad y siete con una absolución. La ONG critica que el 66% de las denuncias sean 'totalmente infundadas'.

En esta situación se encuentra Jordi Vilaseca, cuyo caso fue archivado por falta de pruebas. En 2003 denunció a los Mossos de Escuadra por presuntas torturas durante los tres días que estuvo detenido y agotó la vía judicial hasta que el Tribunal Constitucional rechazó su recurso de apelación este mismo año.

Entre tanto, Rodrigo Lanza, de origen chileno, espera la fecha de su entrada en prisión. Junto con otros dos amigos, fue detenido en 2006 por participar supuestamente en la agresión de un agente de la Guardia Urbana. 'Tras pegarme una paliza, me escupieron y me hicieron comentarios xenófobos, como: Pinochet debería haberos matado a todos', denuncia. La jueza no admitió los partes médicos. Su denuncia fue archivada.