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Ahorro gratis para el Estado

La burocracia ha lastrado el despegue de las empresas de servicios energéticos

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El sector de las empresas de servicios energéticos (ESE) es uno de los grandes pilares de la apuesta del Gobierno por la eficiencia energética del país. El plan de ahorro aprobado el pasado viernes les encomienda el reemplazo masivo del alumbrado público en las ciudades y prevé la puesta en marcha de una línea de financiación de 600 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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El tiempo dirá si esas medidas permiten que el sector despegue definitivamente. De momento, el apoyo público que ha recibido se ha traducido en discretos resultados, como corroboran desde el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y la patronal del sector, AMI. "Es un sector con un alcance muy amplio y no se está explotando como se debiera", reconoce Alfonso Beltrán, director general del IDAE.

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El año pasado, el Ejecutivo anunció un plan para reducir el consumo energético en 2.000 edificios públicos (la mitad, del Estado, y el resto, de las comunidades autónomas). Según el secretario general de AMI, Javier Sigüenza, hasta ahora sólo se han licitado cerca de diez proyectos de este tipo; algunos, ni siquiera figuraban en ese plan (pertenecen a ayuntamientos). Parece que el problema es de desconocimiento: según Beltrán, hay muchas barreras administrativas por parte de las entidades que deben adjudicar los proyectos, los cuales suponen una inversión media de unos 500.000 euros.

Y eso, a pesar de que estos proyectos no representan coste para la Administración. La ESE realiza el proyecto, asume la inversión (nuevos equipos de climatización, aislamientos...) y recupera el dinero a lo largo del tiempo con los ahorros que obtiene el cliente. El esquema está pensado para grandes consumidores (administración y empresas). Para el ámbito doméstico, difícilmente compensa.

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El músculo financiero que exige esta actividad explica que el sector, que ya da empleo directo a más de 23.000 personas, esté copado por grandes eléctricas y constructoras. De hecho, el proyecto piloto lanzado el año pasado para reducir un 20% la factura energética del complejo de Cuzco (Madrid), perteneciente a los ministerios de Economía e Industria, fue adjudicado a un tándem formado por Gas Natural y ACS.

El proyecto, aún en fase inicial, implica la sustitución de las viejas calderas de gasóleo del complejo por otras de gas (más eficientes) y la puesta en marcha de sistemas de cogeneración y energía fotovoltaica. El contrato asciende a tres millones de euros (no implica obras de rehabilitación) y las empresas recuperarán la inversión en un plazo de 16 años.

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