Agravio póstumo a la hija de un fusilado

Carmen Dorado falleció en agosto de 2010 a los 83 años sin haber logrado que se hiciera justicia a su padre, Luis Dorado, diputado socialista por Málaga asesinado por las fuerzas sublevadas en 1936 y cuyos restos aún siguen en una fosa común en el cementerio de la Salud, en Córdoba. Y no es que Carmen no lo intentara. En 2009 se convirtió en la primera familiar de una víctima de los crímenes del bando nacional en demandar al Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tras fracasar en su intento de que la justicia española atendiese sus peticiones: exhumar el cuerpo, identificarlo, entregarlo a la familia e incluir su nombre en el Registro Civil. Todo el recorrido judicial fracasó: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Constitucional. Nadie asumió la investigación del asesinato de Dorado en la madrugada del 29 al 30 de julio de 1936.

Estrasburgo aún no ha decidido si admite una demanda que sonrojaría al Estado español. Mientras tanto, Carmen ha perdido en España, póstumamente, otra batalla judicial, con una sentencia del Supremo que supone "un agravio y una burla", en palabras del abogado de la familia, Felipe Navarro. Los hechos se remontan a 1979, cuando Carmen descubrió que no había documentos que acreditasen la muerte de su padre, inscrito en el Registro como "varón desconocido" a pesar de que portaba su identificación cuando fue asesinado, según diversas investigaciones historiográficas sobre Dorado.

Sólo tras una larga lucha, asumida con el esfuerzo económico de la familia, la hija de Dorado consiguió que el Estado reconociese, en 1993 y sin efecto retroactivo, una pensión de viudedad para su madre, Josefa Ortiz, que murió dos años después, a los 97.

Carmen solicitó en abril de 2007 al Ministerio de Justicia 6 millones de euros por daño moral y patrimonial, cifra obtenida extrapolando las indemnizaciones a víctimas del nazismo, explica el abogado Felipe Navarro. Concretamente son 5.750.000 euros por daños morales y 240.000 euros por la pensión de viudedad denegada hasta 1993 más los intereses. "Países europeos en los que la situación generada tras la Segunda Guerra Mundial arrojó un saldo de desgracias similar al de la Guerra Civil constituyeron fondos de reparación a las víctimas, fondos o previsiones o prestaciones que más allá de concesiones de pensiones irrisorias en el caso de nuestro país, nunca han sido previstos en España", señala la reclamación patrimonial de Carmen Dorado.

La familia del diputado asesinado entiende que existió un funcionamiento anormal del Registro Civil de Córdoba, concretamente del juzgado de Instrucción de Distrito, que ordenó la inscripción como "varón desconocido" de Dorado, pese a que disponía de medios para identificarlo. Justicia desestimó su reclamación en julio de 2007. Carmen Dorado acudió entonces a la Audiencia Nacional, que respondió con una sentencia contraria a la familia del diputado.

Dicho fallo señalaba: "El ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial es marcadamente extemporáneo por superarse ampliamente el plazo de un año en relación a la fecha de la presentación de la reclamación en vía administrativa". Es decir, los hechos habían prescrito. La Audiencia señala que desde 1993, cuando se dictó el expediente de declaración del fallecimiento, los deudos de Dorado tenían información para saber que había existido un mal funcionamiento del sistema. Al haber tardado tanto, su reclamación no podía prosperar.

Vista esta sentencia, la familia acudió en 2009 al Supremo, que ahora, en un fallo de 15 de marzo, ha negado a los Dorado derecho a la reparación, fundamentalmente por haber prescrito los hechos. El Supremo asume los argumentos de la Audiencia. La sentencia, firme, impone además a la demandante (ya muerta) 3.000 euros en costas para pagar los honorarios del Abogado del Estado, que se había pronunciado contra la indemnización y que ya ha exigido su pago a la procuradora de la reclamante, según CGT, que ha prestado asistencia jurídica a la familia del político fusilado.

El sindicato CGT denunció este viernes en un comunicado que el Supremo "da por buena" la inscripción deliberadamente errónea que del fallecimiento de Dorado hicieron los sublevados. "Fue un intento de los responsables del juzgado de Córdoba de sembrar dudas acerca del destino de un destacado diputado del PSOE", señala CGT.

El sindicato, que defiende la modificación de la ley de Registro Civil para favorecer la inscripción de todos los desaparecidos tras el golpe de Estado, lamenta que el Supremo no tenga en cuenta que el hallazgo de un documento municipal acreditativo del enterramiento de Dorado en Córdoba no se produjera hasta 2006.