La decisión del Gobierno de retrasar a febrero del año próximo la privatización parcial de Aena ha colocado en una situación insólita al gestor aeroportuario. Pese a que hasta entonces seguirá siendo una empresa pública al 100%, en su consejo de administración se sientan ya los representantes de tres futuros accionistas. Se trata de Corporación Financiera Alba, Ferrovial y el fondo británico TCI, que formarán parte del núcleo duro de la nueva Aena junto con el Estado.

Los tres firmaron el pasado 16 de octubre una carta de intenciones por la que se comprometieron a adquirir en conjunto el 21% del capital, con un desembolso de hasta 1.620 millones de euros dependiendo del precio final. A cambio obtuvieron sendos puestos en el consejo, de los que tomaron posesión al día siguiente Juan March, por Corporación Financiera Alba; Jorge Gil, por Ferrovial, y Christopher Anthony Hohn, por TCI.

Estos no son los tres únicos empresarios privados que el 17 de octubre se incorporaron como administradores de Aena: también lo hicieron, en calidad de independientes, Fernando Abril Martorell, Simón Pedro Barceló, Juan Ignacio Acha-Orbea y Eduardo Fernández-Cuesta. El resto de los miembros del consejo, hasta un total de quince, proceden de los ministerios de Fomento (del que depende Aena a través de Enaire) y de Industria, donde todos ellos ocupan altos cargos.

El objetivo de proceder a estos nombramientos antes de que la privatización se consumara era transmitir al mercado la confianza que tres potentes inversores depositaban en la operación. Sin embargo, el aplazamiento de la oferta pública de venta (OPV), prevista inicialmente para el 12 de noviembre, hace insostenible su presencia en el consejo, pues pasarán al menos cuatro meses antes de que Corporación Financiera Alba, Ferrovial y TCI se conviertan en accionistas de Aena.

Para solventar la situación, según fuentes de la empresa, se ha elevado la pertinente consulta a la Abogacía del Estado; pero la idea es que Juan March, Jorge Gil y Christopher Anthony Hohn dejen sus puestos vacantes hasta tanto se reanuda la operación. La carta de intenciones otorgada por sus empresas tiene seis meses de plazo, por lo que continuará en vigor en febrero de 2015 si finalmente se lanza entonces la OPV, como ha anunciado el Gobierno.

Entretanto, el gestor aeroportuario tiene que sacar a concurso la carta de conformidad que debe incluirse en la oferta, cosa que hará esta misma semana. La firma PwC ya había preparado el documento, pero el ministro de Economía lo vetó por tratarse del auditor de Aena, a pesar de que esa coincidencia es habitual y está admitida por la normativa europea.

La postura de Economía ha incomodado a Fomento, que tiene la responsabilidad política de la privatización y lleva más de dos años diseñándola, después de haber vencido las reticencias de quienes dentro del PP se opusieron a ella bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ana Pastor ha dicho en su defensa que en todas las OPV efectuadas en España y en el resto de Europa durante los últimos diez años el auditor y el autor de la carta de conformidad eran el mismo.

Luis de Guindos, sin embargo, quiere evitar a toda costa cualquier parecido con la salida a Bolsa de Bankia, que causó graves quebrantos económicos a decenas de miles de pequeños ahorradores. En ese caso, la carta de conformidad fue emitida por Deloitte, a la que se le impuso posteriormente una sanción de doce millones de euros, pero no por haber jugado un doble papel, sino por incumplir sus obligaciones de independencia y por los errores detectados en la auditoría.

El retraso en la privatización de Aena, además de incomodar a Fomento, afectará a las arcas públicas, que tenían previsto ingresar este año entre 3.000 y 4.000 millones de euros por la venta del 49% de su capital. Aunque en realidad se trata de pan para hoy y hambre para mañana, pues el Estado tendrá que compartir en el futuro con los nuevos accionistas el beneficio de Aena, que en 2013 alcanzó los 715 millones de euros, después de superar las pérdidas.