El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, reclama para la infanta Cristina multas que ascienden a 2.022.861 euros por contribuir a que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase a Hacienda a través de Aizoon, de la que ambos son copropietarios. La petición se suma a los ocho años de cárcel que la entidad solicita para la hermana del rey como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Así consta en el escrito de acusación que el sindicato ha presentado este martes, y en el que subraya cómo Cristina de Borbón 'sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado'.

'Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma', abunda la letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, quien acusa a Cristina de Borbón de permitir que Aizoon 'sirviera de instrumento para la comisión delictiva'.

La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades 'pantalla' que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban.

De hecho, la mercantil llegó a nutrirse de forma presuntamente irregular de más de un millón de euros de la trama Nóos, al tiempo que, a través de la empresa, las acusaciones apuntan a que Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Una defraudación que el duque llevó a cabo, con la 'necesaria colaboración' de su mujer, según Manos Limpas, al facturar a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

En este sentido, el sindicato señala que 'existió un acuerdo previo entre los socios -Urdangarin y la infanta', en virtud del cual 'habrían convenido que el dinero que las rentas del trabajo del señor Urdangarín y percibidas por Aizoon fuera para los socios por mitad, y por eso Aizoon factura y no el señor Urdangarín como persona física'.

'De ahí la razón por la que la infanta fuera socia al 50% de Aizoon, cuando dicha sociedad perfectamente podía haber sido constituida de forma unipersonal', abunda la abogada.

En el escrito, se describe la formación y honores recibidos por Cristina de Borbón, quien 'no es una ciudadana al uso' y cuya formación reforzada como infanta de España tampoco lo ha sido. Además, trabaja como 'alta funcionaria' en la más importante entidad bancaria de Catalunya, 'por lo que desde luego el conocimiento se le presupone'. Está 'acostumbrada a gestionar presupuestos' y patrimonios, '¿estamos ante una simple ama de casa que lava la ropa de su familia y prepara la cena por las noches?', pregunta el escrito.

La acusación popular acusa a Cristina de Borbón de prestarse a que su sociedad al 50% Aizoon 'sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales de su esposo'. Señala a la infanta de haber 'intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio, y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en su sociedad Aizoon' procedente del Instituto Nóos.

La acusación popular considera que, cuando se levanta el velo empresarial de Aizoon, lo que hay detrás es un matrimonio -los Urdangarín-, 'que abusa de una sociedad para obtener beneficios fiscales, así como para, al mismo tiempo, modificar su régimen económico matrimonial al de gananciales'. 

La responsabilidad de la infanta viene derivada por la utilización de dicha sociedad pantalla, no por ser socia al 50%, según la acusación popular.

La empresa del matrimonio funcionaba como caja única, nunca repartió beneficios y sus ingresos eran destinados a gastos familiares de los Urdangarín.

En su escrito, la acusación popular pide penas que ascienden a 229 años y medio de cárcel y que solicita para la totalidad de los veinte imputados del caso Nóos. Las penas más elevadas las pide para Iñaki Urdangarin (26 años y medio), su exsocio Diego Torres (22 y medio) y la mujer de éste, Ana María Tejeiro (19 y medio).

En contraste con la Fiscalía Anticorrupción, Manos Limpias incluye al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, para el que solicita 11 años de prisión; al exdirector de Deportes del Ayuntamiento de Madrid Miguel de la Villa (9 años) y al exdirector financiero de la fundación Madrid 16 Gerardo Corral (9 años). A todos ellos los acusa de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.A

También pide penas para el abogado Salvador Trinxet, quien habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal de los ingresos obtenidos por Nóos (tres años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales), y para el excontable de esta entidad Marco Antonio Tejeiro (once años). La Fiscalía tampoco acusa a ninguna de ellos.

En cuanto al resto de acusados, Manos Limpias reclama once años de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas; diez años para el exsecretario y exasesor jurídico de Nóos Miguel Tejeiro; dos para el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester; once para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía; 11 para el de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, y 13 para el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el sindicato reclama 11 años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; y otros 11 para los exdirectores generales de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y José Manuel Aguilar, así como para la exdirectora de gestión de esta última entidad Elisa Maldonado. Finalmente, solicita nueve años de prisión para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

En lo que a responsabilidades civiles se refiere, el sindicato reclama que los acusados hagan frente al pago de 6,2 millones de euros por las cantidades presuntamente malversadas en beneficio del Instituto Nóos desde las Comunidades de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Asimismo, pide que Urdangarin haga frente a multas que se elevan a 4.961.859 euros, Torres a 5.596.807 euros y Ana María Tejeiro, a la misma cantidad que su marido.