Acoso (y derribo) a los Centros Sociales Okupados

Es muy difícil contabilizar el número de inmuebles okupados por centros sociales en todo el estado español. En gran parte de los casos su vida es fugaz, aguantando en torno a dos años mientras se agota la vía legal. La 15Mpedia, una enciclopedia de libre participación sobre movimientos sociales, registra 215 en toda España. Madrid lidera la lista con 80 de estos espacios, justo el doble que Catalunya, en segunda posición. Los enfrentamientos por el cierre de Can Vies han propulsado este centro a todas las portadas de la prensa española. El apoyo que recaban estas iniciativas y la movilización juvenil obligaron al alcalde de Barcelona Xavier Trías a dar una tregua de dos años al desalojo.

Sin embargo el espacio catalán no es ni mucho menos el único escenario de conflicto en torno a espacios ocupados. Esta semana la Policía procedió al desalojo por la fuerza de La Madreña, un centro muy apreciado por los ciudadanos de Oviedo por sus servicios de biblioteca, guardería o banco de alimentos. La Traba, con un recorrido de siete años al servicio de los vecinos de Arganzuela (Madrid) y que además cuenta con uno de los bike park indoor más grandes del Estado, gratuito y visitado por personas de toda España, ha recibido un ultimátum para el 22 de julio. La Casika, un espacio mostoleño okupado por más de 15 años, lleva varios meses en el disparadero. En los últimos meses los usuarios de estos centros sociales han observado cómo se ha ido intensificando la presión contra ellos.

"A raíz de lo del Madrid Arena, la Policía viene mucho más a menudo al centro social con la excusa de la seguridad", afirma a Público Nuria Sánchez, una de las portavoces del emblemático Patio Maravillas madrileño, que explica "desde urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se está presionando a los propietarios de los edificios para que nos denuncien y nos echen, están intentando que sean ellos los que se muevan para que nos vayamos de los centros sociales, amenazándoles con tomar medidas contra ellos". 

Los Mossos desalojaron en febrero el centro okupa de La Carboneira, en Barcelona. Imagen: Youtube

Can Vies no ha sido sino un nuevo episodio donde la ciudadanía ha mostrado las garras en la defensa de su entorno social, de la ciudad como espacio público. La lucha del barrio de Gamonal por conservar la disposición de una de sus calles es otra prueba de esta renovada animosidad en la defensa de lo público. "Últimamente en cada conflicto de este tipo que estalla, lo que subyace es el derecho a la ciudad, con mayúsculas", opina Jorge García Castaño, concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid. "La gente está muy harta de la ciudad escaparate, de la ciudad volcada en el turismo y en el mercado, de los centros históricos como parques temáticos y que encima las experiencias de recuperar una parte de la ciudad para la gente son reprimidas sistemáticamente", afirma refiriéndose a los espacios okupados.

Precisamente en la ciudad de Barcelona, que ardió durante cuatro noches en defensa de Can Vies, se ha abierto un profundo debate sobre hasta qué punto se debe favorecer la experiencia del turista, en contraposición a los derechos del propio ciudadano. El documental Bye Bye Barcelona expone esta difícil relación. "El principal bien público de una comunidad es su territorio" expone Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, que cree "ante la imposibilidad de cambiar las instituciones, las dificultades de democratizarlas y que representen realmente las demandas ciudadanas, la gente ha ido construyendo espacios de diálogo, debate e intervención pública".

"Lo más importante que está ocurriendo en España es que movimientos vecinales como Gamonal se hayan convertido en gestas de autodefensa democrática", continúa. "Han contagiado a barrios y a ciudades enteras como Barcelona. Los centros sociales okupados no son un espacio de representación de minorías sino lugares de encuentro y autogobierno que además han demostrado su capacidad de paliar en gran parte los recortes. Una vez manifestada la movilización y la denunciadas contra las tramas financieras que amenazan realmente esos espacios de convivencia -prosigue-, la gente ha sabido defenderlos".

Los jóvenes de La Traba acudieron esta semana al Pleno del distrito de Arganzuela para defender su espacio. Argumentaban que ellos no tienen ideología, que no se habla de política en su centro. Intentaban crear un escudo contra la política de partidos a la que están acostumbrados. Sin embargo, no eran conscientes de que defendiendo su modo de actuar comunitario y su asamblea abierta semanal, estaban despertando la inquietud de la mayor parte de la bancada. Su enorme bike park, su estudio de grabación gratuito o su grupo de teatro quedan al margen del control estatal.

Usuarios de La Traba, frente al pleno del distrito de Arganzuela, en el que pidieron un turno de palabra. Foto: Carlos del Castillo

"Imagino que estos espacios les generan cierta inquietud", expresa Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en referencia a las fuerzas políticas que se alternan en el poder en España. "Hay veces que da la impresión de que conciben la democracia no como algo que hay que alimentar, extender y hacer crecer, sino como un mal menor que tienen que conceder para que la gente pueda tragar mejor la píldora", manifiesta en una conversación telefónica.

"Si desde las instituciones los ven como enemigos, entiendo que no solo las okupaciones, sino cualquier manifestación pública, de implicación ciudadana en la política, les parecerá mal", comenta el presidente de la principal asociación vecinal madrileña. En cualquier caso, explica que para ellos, los centros sociales son "algo tremendamente positivo, un ejercicio de participación ciudadana que hay que apoyar", ya que constituyen "una respuesta democrática de la población a la falta de equipamientos, de inversiones públicas" y de "lucha contra la especulación que deja en ruinas la ciudad, espacios sin utilizar y desperdicia recursos muy valiosos".

Público ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid para recabar su opinión respecto a los centros sociales okupados. Desgraciadamente, no han considerado oportuno colaborar con este reportaje.