El abogado de Piedad Córdoba, Ciro Quiroz, anunció que recurrirá la sanción de 18 años de inhabilitación dictada hoy por la Procuraduría contra la senadora colombiana, que calificó "sin precedentes" y de la que dijo fue impuesta "con sevicia".

"Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador (Alejandro Ordóñez)", manifestó Quiroz en declaraciones a Caracol Radio.

Adelantó que "hará uso de los recursos respectivos" para "impugnar" la providencia emitida por la Procuraduría General (Ministerio Público) en contra de Córdoba, quien fue mediadora en los últimos años ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de doce rehenes que esa guerrilla tenía cautivos.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en un comunicado de este organismo, encargado del control disciplinario de los funcionarios públicos, "sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años", al alegar que había "promocionado y colaborado" con las FARC.

La investigación se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, "Raúl Reyes", abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.

Tras cruzar información con otros organismos, como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció, "con certeza", que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".

Constató también que la legisladora "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países", aunque la Procuraduría no menciona cuáles.

Asimismo, "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".

"Habrá acciones judiciales pertinentes con miras a dejar sin efecto esto", insistió el abogado de Córdoba, al expresar su sorpresa por la decisión de la Procuraduría contra su defendida, quien, señaló, su labor por la libertad de los secuestrados y búsqueda de paz.