La abogada que ha ganado el caso contra el céntimo sanitario, Irene Mallol, confía que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 'ayude a salvar muchas empresas del transporte, un sector muy castigado'.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dictaminado hoy que el 'céntimo sanitario' recaudado en España 'es contrario' al derecho comunitario.

La sentencia señala que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, explica un comunicado del Tribunal.

En particular, el impuesto carece de la 'finalidad específica' que prevé esa normativa, que obliga a que ese objetivo no sea exclusivamente presupuestario.

En ese contexto, el impuesto tampoco persigue, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y el medioambiente, añade el fallo. La decisión del Tribunal abre la vía a la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros cobrados por ese concepto entre los años 2002 y 2011.

La sentencia del TJUE responde al litigio iniciado por Transportes Jordi Besora SL, de Montblanc (Tarragona), y un total de 60 empresas más, todas representadas por Mallol, una joven abogada de una pequeña asesoría jurídica especializada en transporte de Tarragona.

La compañía transportista Besora, la que inició el proceso, reclama 45.632,38 euros abonados entre los ejercicios fiscales comprendidos entre 2005 y 2008 alegando que el impuesto del céntimo sanitario era ilegal.

'Ahora ya son 85 empresas y con la sentencia, que deja abierta la puerta a reclamar, creo que aumentará', ha comentado la abogada, que también recela de que las administraciones devuelvan los 13.000 millones de euros que se estima que se han cobrado ilegalmente con este impuesto.

'Es muy difícil, sobre todo, a nivel de particulares porque nadie guarda el ticket; por lo que representa a las empresas, muchas han desaparecido ya, pero las que han reclamado entiendo que cobrarán seguro porque siempre podemos pedir que se ejecute la sentencia', resume.

El montante de las empresas que representa la asesoría Mallol ya asciende a más de 6,3 millones de euros y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá dictaminar ahora cómo se devuelve este dinero a los que lo reclamaron.

Mallol cree que el TSJC se pronunciará en unos tres meses, si bien puntualiza que 'fuera de España sabes muy bien la agenda judicial, una vez aquí, todo es más ambiguo, sobre todo las fechas'.

'Lo importante de la sentencia es que también deja la puerta abierta a seguir reclamando, no puede ser que se aplicara un impuesto del que la UE ya había advertido repetidas veces que era ilegal disfrazado de finalidades sociales', remacha Mallol.

La abogada reitera su confianza en que 'esto pueda ayudar a las empresas del transporte, un sector olvidado y muy castigado'.

El despacho de Mallol ha atraído a múltiples medios de comunicación, a clientes interesados por la sentencia y al gerente de la Federación de Empresas de Autotransporte de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, interesado en conocer de primera mano la sentencia del tribunal europeo.

Aymat ha señalado que 'nosotros ya nos opusimos a este impuesto desde el principio y advertimos que el Gobierno maquillaba un nuevo un gravamen sobre un hidrocarburo con fines sociales'. Por ello, 'nos felicitamos por la sentencia y pedimos que se devuelvan los importes ilegalmente cobrados a todas las empresas que han reclamado', concluye.