Miembros del 15-M en Bruselas han presentado una queja ante la UE por las expulsiones de ciudadanos comunitarios efectuadas por Bélgica. Según los activistas, en 2013 fueron 2.700 los europeos expulsados de este país, 323 de ellos españoles, sólo por detrás de romanos y búlgaros.

El 15-M ha plasmado esta realidad en un escrito -entregado este viernes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- en el que solicitan una evaluación de las leyes belgas de extranjería, que consideran vulneran la directiva comunitaria en la que supuestamente se amparan (2004/38).

Bélgica los marca en sus sistemas para que no puedan registrarse en otros ayuntamientos: 'Es la muerte administrativa', aseguran.

En esta línea, piden al Parlamento Europeo que revise también esta directiva, para comprobar si es 'acorde con el espíritu de la Unión'. 'La Directiva hace de la libre circulación un derecho condicionado, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y ampara el trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes, en especial de los que provienen del sur y del este de Europa, que sufren más duramente las consecuencias de la crisis económica', denuncian a través de un comunicado publicado en su web.

'Las legislaciones nacionales creadas a partir de esta directiva', continúa la petición, 'fomentan la justificación legal de la xenofobia, la desigualdad y son un duro golpe a uno de los pilares de la construcción europea'. Por eso solicitan 'un cambio legislativo que permita adaptar el texto a la realidad europea. Solicitamos que se retire la exigencia de 'recursos suficientes', de 'seguro de salud con cobertura suficiente' y toda referencia a 'ser una carga para la asistencia social' del texto de la Directiva, de manera que la norma comunitaria garantice el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía independientemente de su condición económica'

Aunque se trata de invitaciones a marcharse y no de repatriaciones forzosas, los afectados tienen muy difícil volver a reincorporarse al Estado belga, que los marca en sus sistemas de modo que no les sea posible volver a registrarse en otra commune (ayuntamiento): es la muerte administrativa', denuncian.

Cargan contra 'la selección económica que guía las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus estados miembros

'De hecho, la ley belga establece la prohibición de volver al país durante dos años, cuando la directiva prohíbe expresamente que a la orden de expulsión le acompañe una prohibición de entrada', explica otra de las firmantes y miembro del 15M Bruselas.

Según los activistas, aunque la directiva permita las expulsiones en algunos casos, 'también establece límites para los estados. Por ejemplo, no pueden realizar un control sistemático sobre los extranjeros residentes en su territorio. Sin embargo, para saber a quién expulsar, el estado belga está cruzando de modo automático los datos de los extranjeros registrados en el CPAS [el organismo encargado de las ayudas sociales] con los del Office des Étrangers [la oficina de extranjería]'.

'Este cruce de información no sólo vulnera la propia directiva, sino también la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal. En la práctica, además, ampara las expulsiones colectivas, expresamente prohibidas por la Carta Europea de Derechos Fundamentales', añade otra de las firmantes de la petición.

Critican también que las órdenes de expulsión se cursan 'independientemente del arraigo social en el país', y afectan a 'ciudadanos con trabajo en diversos programas de fomento del empleo que, al ser en parte financiados por el Estado, Bélgica considera como ayuda social, con lo que se da la paradoja de que se expulsa a personas que trabajan o están en búsqueda de empleo, algo que contraviene la directiva', aseguran en la nota informativa.

Insisten en denunciar 'la selección económica que guía las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus estados miembros', e invitan a los ciudadanos europeos a sumarse a la iniciativa; 'bien añadiendo su firma a esta petición desde la plataforma virtual del parlamento europeo, bien presentando peticiones desde otros países donde los extranjeros comunitarios estamos recibiendo un trato similar al de Bélgica. '