La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya lo había advertido. La manifestación del pasado sábado, convocada por la coordinadora 25-S, era, bajo su punto de vista, 'ilegal'. Y, por tanto, la Policía actuaría en consecuencia. El aviso de la representante del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid se hizo evidente cuando la movilización aún no había empezado y varios agentes comenzaron a pedir la identificación a algunos de los ciudadanos que comenzaron a concentrarse en la Plaza de España de la capital, donde comenzó la marcha. El balance final, 300 expedientes abiertos que, si prosperan, podrían acabar en sanciones administrativas de entre 300 y 6.000 euros. 

Para la comisión de Legal que surgió de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, encargada de dar asistencia letrada a los activistas que lo requieren, el objetivo de estas sanciones es 'desmovilizar a la ciudadanía coartando su derecho a manifestarse'. En un comunicado hecho público este lunes, este grupo recuerda a Cifuentes que, en virtud del artículo 513 del Código Penal, sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad 'cometer algún delito' y aquellas a las que acudan 'personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso', algo que no ocurrió en la manifestación del pasado sábado, que transcurrió en todo momento de forma pacífica. Por ello, solicitan a este organismo que 'cese de transmitir a la ciudadanía un mensaje intencionadamente falso sobre la configuración del derecho de reunión'. 

'Aunque Cifuentes vende el mensaje de que sanciona a los convocantes, lo que la Policía hace es identificar a los primeros que llegan a una movilización, lo que quiere decir que son puntuales, no que son promotores. Eso es un uso arbitrario de la ley, lo que se supone que está prohibido', señala Eric Sanz de Bremond, uno de los abogados de la comisión de Legal. Según la legislación vigente, se considera promotor de una movilización no comunicada por los cauces legales a las personas que las presidan, las dirijan o a quienes las hayan inspirado a través de publicaciones, declaraciones de convocatoria, discursos o impresos que se repartan. Por ello, en la comisión de Legal temen que, finalmente, a las personas a las que la Policía identificó el pasado sábado se les achaque una infracción administrativa leve por desobedecer los mandatos de la autoridad o sus agentes. 'Para probar que estas personas desobedecieron a la Policía basta con la versión de los agentes', asegura Sanz de Bremond. De hecho, según señalan desde Legal Sol, 'desobedecer las indicaciones de los agentes para que abandonasen la calzada y permitiesen la circulación rodada' es una de los motivos 'recurrentes' que aparecen en los atestados policiales cuando se trata de sanciones a activistas del 15-M. De este modo, la Delegación del Gobierno se evita probar que realmente sanciona a los promotores, pues estas movilizaciones son convocadas por asambleas sin personalidad jurídica. 

Por otro lado, los activistas explican que, ante la falta de comunicación a la Delegación del Gobierno, sólo se podría sancionar a los considerados convocantes de la misma tal y como recoge el artículo 23 c. de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana y no de cualquier persona sólo por el hecho de asistir. 'La Delegada del Gobierno está buscando motivos que no existen para criminalizar a las personas que asistieron a la manifestación', dice a Público una participante de la coordinadora. En este sentido, los abogados del 15-M exigen a la Delegación del Gobierno que 'ajuste su actuación a la legalidad' y 'cese en sus identificaciones arbitrarias'. Además, insisten en que este tipo de sanciones afectan 'de forma muy gravosa' a la economía de una población que 'sufre más de un 25% de paro'. 'Para muchas personas es mucho peor tener que pagar una multa de 300 euros que pasar tres días detenido', sentencia Sanz de Bremond.