Todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la Sanidad de Madrid han interpuesto una demanda contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia por "sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria".

La demanda reclama la mayor indemnización económica pedida contra una Administración por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales. Denuncian la falta de medidas de seguridad y salud adecuadas, lo que pone "en peligro la integridad" de los trabajadores, lo que repercute en la asistencia a los usuarios.

"Hasta la fecha, ya hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con hasta 8.000 euros a cada profesional afectado", apuntan en su comunicado, en el que detallan que defienden a más de 15.000 trabajadores.

"La Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales. Las organizaciones sindicales demandantes vienen denunciando, desde hace años, cómo esta desprotección ha repercutido de forma muy negativa en la salud de los trabajadores, conduciéndoles a padecer problemas de salud tanto físicos como mentales", manifiestan.

Las organizaciones sindicales –AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve– han denunciado que la Consejería de Sanidad de Madrid "tan solo ha aportado un documento que carece de todo rigor y que se impone a los trabajadores, sin respetar la obligación de participación y negociación con sus representantes legales". 

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que el plan psicosocial y de protección laboral, citado en la demanda, "está en vigor desde 2019". Sin embargo, explican que "la implementación de medidas específicas fue interrumpida por la pandemia de la covid-19 en 2020". A pesar de ello, destacan que "se ha seguido trabajando en una planificación detallada y continua a lo largo de este tiempo, actualizándola y mejorándola cuando ha sido necesario".

Las mismas fuentes indican que la Consejería presentó a los sindicatos el Plan Psicosocial y de Protección Laboral, que incluye 197 medidas, durante un comité extraordinario celebrado en junio. Asimismo, señalan que este plan fue reiterado en una sesión especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, realizada en octubre. La Consejería asegura que "se ha llevado a cabo una evaluación sistemática de riesgos laborales en el 99% de los puestos de trabajo o categorías profesionales, y en el 58% de los centros, aumentando progresivamente estas acciones".

"Una política de desgaste de la sanidad pública"

Manuel Barroso, secretario de Salud Laboral de CCOO Madrid, desmiente en declaraciones a Público la información proporcionada por la Consejería de Sanidad de Madrid. Barroso insiste en que el plan mencionado "es solo un documento de política de prevención empresarial sin validez real". Aunque reconoce que en marzo de 2023 se llevó a cabo una evaluación de riesgos laborales, critica que, tras identificar los problemas, "no se han implementado medidas adecuadas para solucionarlos, como acciones relacionadas con la carga de trabajo o la falta de personal".

En cuanto a la fecha de implementación del supuesto plan al que alude la Consejería, fijada en 2019, Barroso señala que debería haberse revisado debido al impacto de la pandemia. "La Ley de Prevención establece que, cuando cambian las condiciones, el plan debe ser reevaluado, y la Consejería no lo ha hecho", afirma.

"Recogemos las demandas que nos trasladan los profesionales: hay una dejación en la gestión, con centros de salud que presentan graves deficiencias estructurales y una elevada carga de trabajo", denuncia Barroso. El representante sindical añade que han llevado estas quejas a la Inspección de Trabajo, la cual ha emitido requerimientos que respaldan las reclamaciones del personal. Sin embargo, subraya que este organismo carece de capacidad sancionadora frente al SERMAS.

Barroso también destaca su preocupación por el aumento de agresiones hacia el personal sanitario. Según el sindicalista, la Consejería no proporciona datos sobre estos incidentes, pero asegura que "sabemos que el número está creciendo; hay una insatisfacción entre los pacientes que se traduce en agresiones verbales y físicas contra los profesionales".

Además, acusa a la administración de llevar a cabo "una política de desgaste de la sanidad pública". "Es una cuestión política. No se entiende que en los centros de salud públicos se caigan los techos, mientras se realizan reformas en hospitales privados. Hay una inyección de recursos hacia lo privado, y están desmantelando lo público", concluye.