El 27 de noviembre de 2023, hace un año, se firmó la paz en Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, después del intento del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) de aprobar sin consenso una ley que, según la ONG conservacionista WWF, suponía una "amnistía" a los regadíos ilegales.

Aquel asunto levantó las alarmas en Bruselas —el Tribunal de la UE ya ha sancionado a España por no cuidar el acuífero que abastece al parque nacional— y causó una tremenda polvareda política y en los foros internacionales medioambientales.

Las medidas pactadas entonces han comenzado a implementarse con un compromiso claro del Gobierno de tolerancia cero con los riegos fuera del plan, según exponen a Público fuentes de la Oficina Técnica de Doñana: "Una de las prioridades es la instauración de la legalidad en materia de aguas en todo el entorno de Doñana. Se contemplan diversas medidas para dotar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las mejores herramientas de fiscalización y control con un horizonte claro: cero hectáreas de regadíos ilegales.

Tanto los datos que maneja la Oficina Técnica como los de WWF revelan que, aunque desciende la superficie regada sin cobertura del plan de la fresa, siguen siendo aún numerosas las hectáreas que extraen el agua sin tener derecho a ello.

WWF calcula que el último año se han reducido en unas 180 hectáreas, sin embargo, "ante el inicio de la plantación de fresas en la nueva campaña agrícola, [la ONG] denuncia que, en estos momentos, en Doñana se siguen regando 1180,2 hectáreas fuera de la superficie agrícola regable, delimitada por el Plan Especial de la Corona Forestal". De ellas, casi el 80 % son cultivos de frutos rojos ilegales", asegura la WWF. Los cálculos de WWF se elaboran a partir de imágenes de satélite y ortofotografías aéreas. 

"Se están logrando resultados. Actualmente, el número de pozos con sellado en trámite asciende a 205, mientras que ya se han sellado 294, de los cuales 162 han sido cerrados voluntariamente y 132 han sido sellados por la Confederación. Además, se contabilizan 66 pozos precintados como medida cautelar y 18 pozos cuyo cierre ha sido suspendido por procedimientos judiciales", aseguran a Público fuentes de la Oficina Técnica de Doñana.

"La actual superficie de cultivo ilegal en Doñana es ligeramente inferior a la del año anterior, cuando ascendió a 1.360 hectáreas, lo que demuestra que pese a denuncias de organizaciones como WWF y los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Seprona y la Fiscalía, la superficie continúa sin descender de forma significativa y, desde la aprobación del Plan de la Corona Forestal de Doñana en 2014, nunca ha bajado de mil hectáreas", expone la ONG.

Los acuíferos

La situación de los acuíferos, cuatro años después de que se declarara oficialmente su mal estado debido a la sobreexplotación, continúa siendo límite, según revela el último informe de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG), al que ha tenido acceso Público, que cada año evalúa el estado de los aguas de la comarca: "El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en zonas del acuífero compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes".

"[Esto] se evidencia —agrega— en que tres de las cinco [masas de agua] integrantes del sistema acuífero no alcanzan el buen estado cuantitativo", lo que "obliga a la administración hidráulica [es decir, a la propia CHG] a tomar una serie de medidas para asegurar el no deterioro" y a "realizar todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027".

"También es urgente —añade— que por parte de la autoridad competente se tomen medidas para mantener los niveles de nitratos [la contaminación] dentro de los niveles marcados por la normativa".

En el informe se recoge que estamos ante el periodo "más seco desde 1970" y que el último año "húmedo", con precipitaciones abundantes, fue el 2010/2011. Es decir, hace casi tres lustros. "El año hidrológico 2023/24 prolonga un año más el periodo seco en la zona. Desde [2010/2011] ha habido seis años normales (2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20 y 2023/24), seis secos (2011/12, 2013/14 y 2014/15, 2018/19, 2020/21 y 2022/23) y uno muy seco (2021/22), con una media de 435 milímetros".

La precipitación del año hidrológico 2023/24, entre octubre y septiembre fue de 473 milímetros. "Se trata de un año normal, con un 91% de la media, aunque muy atípico, con un invierno muy húmedo y el resto de las estaciones muy secas. De hecho, hay una cierta percepción de que ha sido un año húmedo, cuando lo cierto es que ni siquiera se alcanza la media, lo que se refleja en un escaso llenado".

"El otoño fue muy seco, con el 57% de la precipitación media, seguido por un invierno muy húmedo con un 182% de la media. La primavera fue muy seca, con un 35% de la media, igual que el verano, con un 12% de la media".

El trabajo de la CHG también recoge que desde el año 2015, las extracciones han disminuido en 10,5 hectómetros cúbicos debido a la compra de la finca Los Mimbrales y la sustitución por aguas superficiales en la zona de Arroyo de Don Gil, que "han mejorado la situación en las zonas en las que se han aplicado, a pesar del ciclo seco".

Actuación "inmediata" y a "gran escala"

"El acuífero de Doñana está sobreexplotado con un índice de explotación del 109%, agrega WWF, por lo que no podemos esperar un año más a que acaben las campañas agrícolas para actuar", considera Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Estos datos han llevado a WWF a exigir a la Junta de Andalucía —en el ámbito de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras— y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "una actuación inmediata y a gran escala, aplicando medidas cautelares como el cierre de pozos y el precinto de hectáreas ilegales".

La Oficina Técnica de Doñana asegura a Público que, entre otras medidas, ya están en marcha estas: "Entre las herramientas está la implementación de la teledetección basada en inteligencia artificial que permitirá disponer de datos de cultivos en tiempo real (cada 5 días) y la publicación en la web de la superficie de cultivo bajo plástico, legal e ilegal, lo que se prevé tendrá un efecto disuasorio. El pasado 25 de septiembre de 2024 se presentó esta herramienta a usuarios y administraciones".

"Otra herramienta tecnológica —prosiguen las fuentes— que va a permitir la eficiencia en usos del agua y la monitorización de los mismos son los sistemas de digitalización para regantes, ayudas a las que han accedido tres comunidades de regantes del entorno de Doñana con valor de 2,7 millones de euros".

Por otro lado, agrega la Oficina, "la conformación de las Comunidades de Usuarios de Agua Subterránea en Doñana (CUMAS), cuyo proceso de constitución está en su recta final y se espera que concluya a finales de este año o principios de 2025, va a facilitar la regulación de los usos del agua entre estos regantes. La constitución de estas CUMAS es un procedimiento imprescindible para elaborar el programa de actuación y establecer el plan de extracciones, y su posterior fiscalización".

Con estas medidas, considera la ONG, "se lograría impedir que se sustraiga ilegalmente agua del sobreexplotado acuífero de Doñana, que cuatro años después de declararse en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, continúa en declive".