La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó este lunes a examinar las obligaciones legales de los países hacia la crisis climática, un caso histórico impulsado por uno de los países más pequeños del mundo, Vanuatu, que denunció una "crisis que amenaza" su propia existencia debido a la conducta "ilegal" de un "pequeño grupo de países" contaminantes.

La CIJ inició las audiencias para escuchar a 98 países y 12 organizaciones, en el mayor caso jamás presentado ante esta Corte, impulsado por Vanuatu, un archipiélago de Melanesia y uno de los Estados más afectados por la crisis climática, a pesar de que solo contribuye con el 0,02% a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

"Nos encontramos en primera línea de una crisis que no hemos creado, una crisis que amenaza nuestra propia existencia y la de tantas otras personas que han venido en números sin precedentes para ser escuchadas por esta Corte. La importancia de las preguntas planteadas ante este tribunal no puede ser subestimada", señaló Ralph Regenvanu, enviado especial para el Cambio Climático de Vanuatu, que busca forzar acciones climáticas en el ámbito global.

Vanuatu, al este de Australia, tiene unos 320.000 habitantes repartidos por 83 islas, muchas situadas a apenas un metro por encima del nivel del mar, y que, debido al calentamiento global, su territorio está desapareciendo bajo el agua. "Un pequeño grupo de Estados, fácilmente identificables, ha producido la gran mayoría de las emisiones de gases históricas y actuales. Pero, otros países, incluido el mío, están sufriendo las peores consecuencias", denunció.

Además, insistió en que la conducta que está siendo juzgada por la CIJ es "la de los Estados, que han fallado durante más de un siglo, a pesar de las advertencias crecientes, en controlar las emisiones en sus territorios" y advirtió de que "la posición de Vanuatu es clara: la conducta responsable de esta crisis es ilegal bajo una variedad de obligaciones internacionales".

El representante sudafricano, Vusimuzi Madonsela, indicó que las consecuencias de la crisis climática son "de largo alcance y ya se han sentido", y "la mejor ciencia disponible dice que lo peor aún está por venir". Dada la rápida subida de temperatura en su localización geográfica, Sudáfrica es especialmente vulnerable a las consecuencias del calentamiento global.

"Las personas vulnerables, en particular las comunidades locales, las mujeres y los niños, no deben sufrir aún más como resultado de una respuesta climática que no tiene en cuenta sus circunstancias", manifestó Madonsela.

Obligaciones o compromisos

Por su parte, Alemania defendió que el acuerdo climático de París ya define los pasos obligatorios y subrayó que la CIJ debe "ayudar" con sus conclusiones, pero "manteniendo una clara diferencia entre obligaciones legalmente vinculantes, y compromisos políticos voluntarios no vinculantes" porque "tal distinción constituye una condición indispensable" para que los Estados puedan aceptar ambos.

"De lo contrario, la disposición de los Estados a participar en los procesos políticos que están allanando el camino hacia los pasos ambiciosos necesarios para combatir la crisis climática podría verse seriamente amenazada", alertaron los representantes alemanes.

Este lunes también tuvieron el turno de la palabra Albania, Arabia Saudí y Australia, entre otros. Las audiencias continuarán hasta el 13 de diciembre, con la intervención de numerosos países, incluidos Estados Unidos y China.

La justicia global frente a la crisis climática

Los 15 jueces del máximo órgano judicial de Naciones Unidas escuchan los argumentos de los países interesados para emitir una opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de marzo de 2023 respondiendo a una serie de preguntas.

En primer lugar, deberán identificar cuáles son las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, a la hora de proteger a otros países y a las generaciones futuras de los efectos catastróficos de "las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero".

También deberán definir "las consecuencias legales" en casos de "actos y omisiones" por parte de los Estados de las obligaciones identificadas, en particular hacia los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias. Se espera que la Corte emita el próximo año su dictamen, que, a pesar de no ser jurídicamente vinculante, tendrá grandes repercusiones y podría abrir la puerta a nuevos litigios climáticos en el ámbito nacional.

"Recurrimos a la Corte para que reconozca que la conducta que ya ha causado un daño inmenso a mi pueblo y a tantos otros es ilegal, que debe cesar y sus consecuencias deben ser reparadas. Este puede ser el caso más trascendental en la historia de la humanidad. No permitamos que las generaciones futuras miren atrás y se pregunten por qué se permitió la causa de su ruina", declaró Regenvanu, en nombre de Vanuatu.