La Abogacía del Estado ha asegurado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria que la actriz Ana Duato "sabía y tenía que saber" que el despacho de asesores al que confió sus finanzas utilizaba una sociedad pantalla con el objetivo de defraudar a Hacienda.

Así se ha pronunciado en su turno de informes sobre la actriz protagonista de la serie Cuéntame y sobre su marido, el productor televisivo Miguel Bernardeau. De ella, ha aseverado que cuando se abrió la primera inspección, Hacienda se encontró también con muchos documentos "falsificados (...) de manera consciente y de manera deliberada, para intentar engañar a la inspectora que llevó a cabo ese primer procedimiento inspector relativo a los años 2010, 2011 y 2012".

Ha incidido en que Duato usó una "entidad simulada", la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), y ha subrayado que ella y su marido "sabían perfectamente que esta entidad era una entidad completamente simulada, una entidad pantalla".

"La señora Duato no es solo una actriz, sino que es una empresaria, y una empresaria de éxito junto con su marido. Ambos son propietarios de la productora Ganga Producciones, que lleva facturando a Televisión Española decenas de millones de euros en estos últimos 20 años. Por lo tanto, la señora Duato tiene más conocimientos a nivel financiero, contable y tributario, junto con su marido, que un ciudadano medio", ha enfatizado.

En ese punto, el abogado del Estado ha remarcado que Duato, cuando se acerca al despacho de Fernando Peña –Nummaria– y le recomiendan la estructura defraudatoria, "sabía y tenía que saber que esa entidad –que le recomendaron– era una sociedad pantalla, y su marido también".

Así, ha señalado que Duato "entró un día por la puerta del despacho de Fernando Peña y salió con un conjunto de sociedades pantalla (...) y pagando la mitad de lo que debía pagar". "Pero ella por supuesto confiaba en su asesor y no se dio cuenta de nada...", ha ironizado.

Por otro lado, ha explicado que los asesores del actor Imanol Arias falsificaron documentación y presentaron facturas irregulares y falsas a la Agencia Tributaria cuando ésta inició el primer procedimiento inspector. Cabe recordar que antes del juicio Arias llegó a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por la que reconoció cinco delitos fiscales y aceptó una pena de dos años y dos meses de cárcel.

Al hilo, el abogado del Estado ha resaltado que lo más grave de su caso es que tras ese procedimiento administrativo sus asesores del despacho Nummaria "intentan engañar" a Hacienda dado que sabían "de la irrealidad de la estructura" societaria creada para Arias.

La defensa de Fernando Peña

Por su parte, la defensa del principal encausado, Fernando Peña, ha sostenido que "existen tales irregularidades en el procedimiento y tal ausencia probatoria que no se ha destruido la presunción de inocencia con la que llegó" su defendido al juicio.

Ha desgranado que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas obtenidas en los documentos informáticos incautados en la entrada y registro del despacho Nummaria, algo que impediría que sea usado. El letrado, ha especificado que todo el material estuvo desde la incautación en manos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, que es acusación particular en el caso.

Además, ha sostenido, como ya hizo desde el inicio del plenario, que hubo alteraciones y "profundas modificaciones" en las pruebas incautadas, alteraciones que pararon cuando fueron puestas a disposición de las partes. "Hemos presenciado un procedimiento inquisitorial", ha lamentado.

Otra de la irregularidades denunciadas por el abogado es que el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) no estuvo presente durante toda la diligencia de entrada y registro. Y ha incidido que la entonces jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas, participó en la misma cuando su marido había tenido conexión con el principal encausado.

Estructura "perfectamente legal"

Por otro lado, ha sostenido que a Peña se le atribuyen ingresos de diversas sociedades diciendo que era titular de las mismas, pero ha recalcado que esto debía haberse sustentado en alguna prueba, y ha matizado que "ningún documento de los aportados permite llegar a la conclusión de que es titular". "Nadie ha dicho que fuera el titular, dicen que era el despacho de Peña, que les contrató... pero ninguno ha dicho que tuviera conocimiento fehaciente de esa titularidad", ha recalcado.

Sobre los delitos que le atribuyen, la defensa de Peña ha resaltado que las acusaciones consideran que participó en todos y cada una de las irregularidades del resto de investigados, pero ha explicado que en el plenario "no se ha acreditado intervención concreta" de su mandante y sí que sólo hacía su declaración de la renta.

En cuanto a las irregularidades que le achacan a la hora de declarar beneficios de sociedades que, sostiene la acusación, eran suyas, ha explicado que los informes al respecto están plagados de "agujeros y errores" –"no se ha acreditado esa titularidad"– y que se ha dado "una singular forma de computar ingresos y gastos". Ha sostenido que las sociedades pagaron impuestos, "por ejemplo seis millones de euros en IVA" e impuestos de sociedades.

Además, ha matizado que la estructura fiscal era "perfectamente legal" porque se basaba en sociedades inglesas y AEIE legales. "Por eso no se puede decir que esas sociedades legales conduce a la no tributación y que por tanto hay delito fiscal", ha lamentado.

Sobre el delito de organización criminal que se le achaca, la defensa de Peña ha explicado que en este caso no concurren las circunstancias a efectos de poder estimar que existe esa organización. "Un despacho de asesoría de por sí no es una organización destinada a cometer delitos", ha subrayado.

La causa Nummaria

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha fijado la pena que solicita para Peña en 231 años y nueve meses de cárcel por hasta 57 delitos fiscales, organización criminal y estafa procesal, entre otros delitos. Reduce así la petición inicial en 67 años. Para Duato fija la pena en 16 años de cárcel por cinco delitos fiscales de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015.

En este juicio se acusa a una treintena de personas por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.